Guinea Ecuatorial en el Informe 2016-2017 de Amnistía Internacional.
22 febrero 2017 Política
Información extraída de nuestro Informe 2016/17
El derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica fueron objeto de graves restricciones en el periodo previo a las elecciones presidenciales de abril. La policía usó fuerza excesiva, incluidas armas de fuego, contra miembros de partidos de oposición. Cientos de opositores políticos y otras personas, entre las que había nacionales extranjeros, sufrieron detención arbitraria y reclusión sin cargos ni juicio durante diferentes periodos; algunos fueron torturados.
Información general
En abril, el presidente en ejercicio, Teodoro Obiang Nguema, ganó las elecciones presidenciales con el 93,7% de los votos emitidos. Hubo acusaciones de fraude electoral y se informó de numerosas violaciones de derechos humanos antes de las elecciones. Los partidos políticos de oposición independientes boicotearon la confección del censo electoral y las elecciones aduciendo que en ambos casos se infringía la legislación electoral.
Libertad de expresión
Se reprimió el derecho a la libertad de expresión. En enero, la policía detuvo arbitrariamente en la ciudad de Bata a Anselmo Santos Ekoo y Urbano Elo Ntutum, miembros de Convergencia para la Democracia Social, por “perturbar la paz”, mientras distribuían folletos y anunciaban un acto público de su partido de oposición. Los dos quedaron en libertad sin cargos al cabo de 10 días.
Libertad de reunión
Entre febrero y mayo, más de 250 personas fueron detenidas por asistir a actos públicos de partidos opositores. A excepción de cuatro, todas quedaron en libertad sin cargos tras permanecer privadas de libertad durante más de una semana. Las detenciones estuvieron dirigidas especialmente contra miembros y simpatizantes del partido opositor Ciudadanos por la Innovación (CI), y contra familiares del Líder Nacional del partido, Gabriel Nsé. También se detuvo a taxistas que trasladaban a personas que pretendían asistir a actos públicos.
El 28 de febrero, personal de seguridad vestido de civil perturbó el normal desarrollo de un acto de Ciudadanos por la Innovación en Bata. Los miembros de este partido Leopoldo Obama Ndong, Manuel Esono Mia, Federico Nguema, Santiago Mangue Ndong y Jesús Nse Ndong fueron detenidos, y al terminar el año continuaban recluidos sin cargos. En los días siguientes se detuvo a otras más de 40 personas en Bata, y a un mínimo de 10 en otras localidades.
En abril, cuatro días antes de las elecciones, unas 140 personas fueron detenidas en el aeropuerto de Bata, donde habían acudido para recibir al secretario general de Ciudadanos por la Innovación. A otras las detuvieron más tarde en sus domicilios, entre ellas a la hermana y el hermano mayor de Gabriel Nsé. Algunos detenidos fueron recluidos en la comisaría de policía de Bata y otros en la prisión de la misma ciudad. Todos quedaron en libertad sin cargos más de una semana después. Varios fueron torturados y sufrieron otros malos tratos, entre ellos, un hombre que fue obligado a tenderse en el suelo mientras unos soldados le saltaban sobre las manos.
Uso excesivo de la fuerza
El 22 de abril, la policía usó fuerza excesiva contra miembros de Ciudadanos por la Innovación que se habían congregado pacíficamente en la sede del partido en Malabo. Hacia las cuatro de la mañana, la policía a bordo de helicópteros y vehículos blindados rodeó la sede y usó gas lacrimógeno y munición real para obligar a unos 200 miembros del partido a salir del edificio. Cuatro personas resultaron heridas de bala, pero no las trasladaron a un hospital hasta pasadas más de 24 horas, tras la intervención de la embajadora de Estados Unidos. Al menos 23 personas fueron detenidas y recluidas en la prisión de Black Beach, donde fueron golpeadas. Todas quedaron en libertad sin cargos el 30 de abril. El asedio policial de la sede de Ciudadanos por la Innovación continuó hasta el 4 de mayo.
Detención y reclusión arbitrarias
En febrero, la policía detuvo arbitrariamente a Ernesto Mabale Eyang y Juan Antonio Mosuy Eseng, hijo y sobrino, respectivamente, del secretario general del partido Coalición de la Oposición para la Restauración de un Estado Democrático. Juan Antonio Mosuy Eseng había enviado por correo electrónico a su primo un documento presuntamente firmado por el ministro de Seguridad Nacional en el que se ordenaba la detención de políticos exiliados. El documento se había publicado en Internet el día anterior. Después de una semana en la Comisaría Central de Malabo, los trasladaron a la prisión de Black Beach, donde permanecieron varios meses sin cargos ni juicio y sin acceso a su abogado. El Juzgado de Instrucción de Malabo no respondió a una petición de hábeas corpus interpuesta por su abogado en marzo. Sin embargo, en junio, el juez de instrucción exigió un soborno de 10 millones de francos CFA (15.000 euros) para poner en libertad a los dos detenidos. A finales de noviembre los dos fueron acusados formalmente, juzgados y declarados culpables de revelar secretos de Estado; fueron condenados a seis meses de prisión cada uno y, a continuación, fueron puestos en libertad, porque para entonces ya llevaban encarcelados nueve meses.
Derecho a la educación
En julio, el Ministerio de Educación dictó una orden que exigía la expulsión de las niñas embarazadas de las escuelas, justificada por la viceministra de Educación como medio para reducir los embarazos de adolescentes. Estas medidas entraron en vigor el 19 de septiembre, al comenzar el curso escolar.
