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EL IMPERIO DE LA LEY AVANZA EN AFRICA.


La decisión del Tribunal Supremo de Kenya de anular las elecciones de agosto es de importancia trascendental para todo el continente.





“La grandeza de una nación reside en su fidelidad a la Constitución y a la adherencia estricta al imperio de la la ley”. Estas palabras fueron pronunciadas el 1 de septiembre por David Maraga, presidente del Tribunal Supremo (TS) de Kenya, al anunciar la anulación de las elecciones presidenciales celebradas en el país el pasado 8 de agosto. El fallo de la máxima corte afirmaba que la declaración de Uhuru Kenyatta como vencedor de las mismas es “inválida y nula”, añadiendo que la junta electoral “falló, descuidó o rechazó conducir el proceso electoral de acuerdo a los dictámenes de la Constitución”. Entre otras, la junta “cometió irregularidades en la transmisión de los resultados”. Los próximos comicios, a celebrar en un plazo de 60 días, “han de ser llevados a cabo en estricta conformidad con la Constitución y la ley electoral”.


La seguridad y fiabilidad de los sistemas utilizados por la junta electoral habían sido puestos en cuestión en varias ocasiones y pocos días antes de la votación la tensión era máxima porque Chris Msando, presidente de la junta electoral, había sido encontrado muerto y torturado una semana antes. La firmeza del presidente Maraga sobredimensiona su figura como protagonista de una decisión histórica y sin precedentes en África. Y constata su valor al enfrentarse a Kenyatta, un presidente en ejercicio que le designó presidente del TS.  Kenyatta era vicepresidente del Gobierno en 2011 y fue imputado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por su actuación en los disturbios producidos en las elecciones de 2007 que causaron más de un millar de muertos. El TPI hubo de renunciar al encausamiento de Kenyatta por “insuficiencia de pruebas”.


Como coloquialmente se dice, a partir de ahora, Uhuru Kenyatta se la tiene jurada a David Maraga, tal como demostró el mismo día de autos, aceptando el veredicto, pero insultando y amenazando a los magistrados, a quienes llamó "wakora" (ladrones, en suahili) y recordando que tras el fallo no estaban ante un presidente electo sino ante el mismo presidente anterior a los comicios en pleno uso de sus poderes, añadiendo: “¿Me entienden? Maraga ha de saber que se las tiene que ver con el presidente en ejercicio. Mantendré los ojos bien abiertos “.


En mayo pasado, el exdictador chadiano Hissène Habré fue condenado en Senegal a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad.


En cualquier caso, la decisión del TS kenyano es desde luego histórica y de importancia trascendental para todo el continente, donde, contra lo que en gran parte se cree, hay países donde la democracia está relativamente bien asentada y bastante bien la libertad de expresión. Las elecciones de los últimos años en Kenya (fui testigo como europarlamentario de las que en 2007 causaron 1.200 muertos) se han celebrado, aunque no plenamente, siguiendo cánones tribales. Por ejemplo, en las que comentamos, Uhuru Kenyatta, hijo del primer presidente de la independencia, Jomo Kenyatta, es kikuyu y Raila Odinga, su contendiente e hijo de Jaramogi Odinga, vicepresidente con Jomo Kenyatta (del que después se distanció), es luo. Los kikuyu constituyen el 22% de la población kenyana y los luo, el 15%. Ese factor tribal, siempre condicionante y a menudo determinante, es el caballo de Troya de la democracia africana. El fallo del TS kenyano -que ha restaurado en gran parte la integridad y credibilidad del poder judicial en el país- engrandece la democracia electoral y devuelve la confianza a amplios sectores que habían perdido la fe en ella. Sería deseable que la resolución del presidente Maraga y de los demás magistrados que la compartieron ayude a promover la cohesión social intertribal y la construcción nacional.


Felizmente, el progreso de la justicia y del imperio de la ley no se circunscriben a Kenya. En mayo pasado, el exdictador chadiano Hissène Habré fue condenado en Senegal a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, tortura y esclavitud sexual. Ha sido juzgado en Dakar por un tribunal especial creado por la Unión Africana, denominado Cámaras Extraordinarias Africanas, y condenado -después de 26 años de paciente incriminación por parte de los abogados de las víctimas- por 40.000 asesinatos políticos y 200.000 casos de tortura durante sus ocho años de mandato. Y hace unos meses el Tribunal Supremo surafricano falló contra la decisión del Gobierno de permitir la entrada y salida del país del genocida presidente de Sudán, Bachir.


El caso Habré sin duda ha reforzado la naturaleza de la jurisprudencia africana y en concreto consolidado el desarrollo de un cuerpo jurisprudencial específico sobre derechos humanos. Ha inspirado la apertura en Burkina Faso (antiguo Alto Volta) del proceso contra el expresidente Blaise Compaoré, asesino y ladrón (anecdóticamente, Burkina Faso significa “patria de hombres íntegros”). En Guinea un tribunal está investigando el papel del exdirigente Musa Camara en la muerte de 150 manifestantes y la violación de cien mujeres en un estadio de Conakry. Restaurada la democracia en Gambia, se investiga la responsabilidad criminal durante la larga dictadura de Yahya Jammeh, al tiempo que en Mali comenzó en 2016 el juicio contra generales y oficiales responsables de asesinatos diversos. Sin olvidar la condena en 2012, pionera, del expresidente liberiano Charles Taylor por crímenes de guerra por un tribunal especial de Sierra Leona.


El papel de los observadores electorales es limitado y su escaso número puede en ocasiones provocar que sus conclusiones no sean fiables.


Estoy convencido de que, al emitir su veredicto, el Tribunal Supremo era consciente de que varias misiones de observación electoral, entre otras, la UE y el Centro Carter, habían dado por buenos los comicios, lo que no fue obstáculo para la emisión del fallo puesto que disponía de mejor y mayor información sobre las irregularidades cometidas. Posiblemente, aquellas confiaron en que un moderno sistema electrónico, supuestamente capaz de prevenir interferencias, costeado por Estados Unidos, evitaría toda superchería. Al TS no le impresionó. Y al Centro Carter no le interesó, como tampoco el que un equipo de asesores norteamericanos y canadienses asesores de Odinga fuera expulsado del país, a pesar de que en su propio informe se mencione la posible responsabilidad de agentes gubernamentales. Se trata de “pequeños errores aquí y allá, que no consideramos hayan afectado la integridad del proceso en su conjunto”. El TS estimó lo contrario.


El papel de los observadores electorales es limitado y el escaso número de ellos puede en ocasiones provocar que sus conclusiones no sean fiables. Observar la votación, aleatoriamente, en unos cuantos colegios es fácil. Observar el recuento a nivel nacional, no tanto. La UE desplegó en Kenya una treintena de observadores, para innumerables colegios electorales y 290 centros de recuento definitivo. En declaración formal, la misión UE tuvo que exigir el 16 de agosto el necesario “respeto por el imperio de la ley y los derechos constitucionales. En ese contexto, la revocación de la inscripción de una ONG clave, la Kenya Human Rights Commission, suscita grave preocupación, así como la decisión de cerrar el Africa Centre for Open Governance”. Finalmente, la responsable de Asuntos Exteriores de la Unión, Mogherini, en su comunicado (en mi opinión, precipitado) avalando la victoria de Kenyatta, pedía a la oposición que “se sirva de los medios legales existentes para presentar recursos”. Justamente lo que ha hecho Odinga y el Tribunal Supremo le ha dado la razón. En resumidas cuentas, creo puede afirmarse que la vía hacia la consolidación del imperio de la ley está expedita, al menos en parte de África.


Fuentes: https://elpais.com/elpais/2017/09/11/opinion/1505144847_554568.html?id_externo_rsoc=FB_CC


Re difunde: Departamento de Comunicación y Prensa de C.I.




por abamodjo, Viernes, 15 Septiembre 2017 08:46, Comentarios(0)
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