LAS CURIOSIDADES Y EVIDENCIAS DE LA VIDA, LA RESOLUCION NUMERO 29 DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE 2018, DEL PARTIDO GUBERNAMENTAL (PDGE), ABRE UN ANTES Y UN DESPUES EN LA HISTORIA JURIDICO - POLITICO DE GUINEA ECUATORIAL.

MALABO/GUINEA ECUATORIAL, 6/11/2018

Ciudadanos por la Innovación de Guinea Ecuatorial (C.I.), fue víctima de un juicio político en los meses de febrero y marzo del presente año 2018, según la sentencia política del juicio que hacemos alusión, fue como consecuencia de la pelea que tuvo lugar el día 5 de noviembre en la ciudad de Aconibe, cuando los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, impidieron la campaña electoral de este partido político (C.I.), en dicha ciudad, hecho que provocó una pelea tumultuaria entre los ciudadanos revindicando sus derechos políticos en plena campaña electoral a los policías que se los impedían.

Ese incidente normal y corriente que puede tener lugar en momentos iguales, fue politizado tanto por el Gobierno, el partido gubernamental (PDGE) y los mismos defensores de la ley y la justicia de este país, por eso, a pesar de que el incidente tuvo lugar en un momento electoral, la justicia, es decir, tanto el Ministerio público que el juzgado de instrucción, tergiversaron los hechos con unos calificativos jurídicos aberrantes y exagerados, como fue SEDICION, ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD, DESORDENES PUBLICOS, LESIONES GRAVES Y DE DAÑOS.

El Juez de instrucción, en el Considerando Tercero de los Fundamentos Jurídicos, estimó que, “de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley n 4/2015 de fecha 28 de mayo sobre Partidos políticos de Guinea Ecuatorial, procede así mismo, y con carácter subsidiario que los dirigentes del partido politico Ciudadanos por la Innovación de Guinea Ecuatorial, también aporten fianza suficiente en los mismos términos”.

El Ministerio público, representado por S.E. D. Anatolio NSANG NGUEMA, entonces Fiscal General de la Republica Adjunto, hoy titular del mismo, en sus conclusiones provisionales para elevarlas a definitivas, pese  a que el juzgado de Instrucción de Aconibe, en su Auto de Procesamiento del Sumario en cuestión, no pidió la disolución del partido C.I., porque no lo imputó como persona jurídica para ser enjuiciado, dijo que le competía solicitar la disolución del partido político C.I. al margen del Auto de Procesamiento de dicho sumario en toda su extensión.

Como el juicio era político, el Tribunal ignoró las conclusiones del juzgado de instrucción y las peticiones de la defensa, actuó conforme las exigencias del Ministerio público, ordenando la suspensión del partido político Ciudadanos por la Innovación de Guinea Ecuatorial, porque este era el deseo político del régimen en poder, por ser C.I. un partido político incómodo para él.

Meses después, el mismo partido PDGE, saca una resolución, cuyo encabezamiento dice textualmente como sigue: Resolución Núm. 29 de fecha 2 de Noviembre de 2018, por la que se acuerda la expulsión en el partido Democrático de Guinea Ecuatorial de los hermanos militantes que se relacionan, por su participación en la tentativa de magnicidio y desestabilización de Guinea Ecuatorial, preparada con frustración el día 24 de Diciembre, bajo el patrocinio de un grupo de terroristas y mercenarios”. Fin de cita. 

Si analizamos dicho comunicado desde el punto de vista jurídico, observamos que, el partido PDGE asume los hechos cometidos por el mismo, a través de sus hermanos militantes, que no son otros, que la tentativa de magnicidio contra la Persona de Su Excelencia el Presidente de la Republica, Jefe de Estado y de Gobierno.

Lo que es más, el PDGE a través de dicho comunicado, reconoce como hermanos militantes de dicho partido político a personas que ostentaban cargos en el Poder Judicial, como magistrados, uno de ellos, participo en el juicio contra el Líder Nacional de C.I., en el cual se dictó igualmente una sentencia política, en un proceso judicial plagado de irregularidades procesales, así como personas pertenecientes al Servicio activo de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Si llevamos dichos hechos a la Ley de partidos políticos que ha invocado dicha Resolución, encontramos que, el PDGE y sus militantes para los hechos que nos ocupan contra el Jefe de Estado, independientemente de los que dirime el Código Penal Común y otras leyes, han violado los artículo 11 y 24 de la Ley Numero 4/2015, de fecha 28 de mayo de partidos políticos de Guinea Ecuatorial, que dicen lo que sigue:

Artículo 11.- No podrán afiliarse a ningún partido político:

1) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad del Estado.

2) Los jueces, Magistrados y Fiscales.

Artículo 24.- Son causas de extinción o disolución de un partido político:

f) Incitar a la violencia,.......

g) Tener o planear la formación de una organización militar o para militar.

I) Atentar contra la Seguridad del Estado, integridad territorial, unidad nacional, soberanía, forma republicana del Estado, orden político, social y la paz.

Donde hablan las leyes, sobra cualquier tipo de conjetura. Nuestra pregunta es, ante las pruebas legales demostradas, ¿si la Fiscalía General de la Republica, tendrá la gallardía para aplicar esos preceptos legales para imponer la disolución del partido gubernamental PDGE por el intento de magnicidio al Presidente de la Republica, Jefe de Estado y del Gobierno?

Como ya lo saben los pueblos de Guinea Ecuatorial y gran parte de la comunidad internacional, C.I. es víctima de hechos malévolos  inconfesados, de ahí que, las Fuerzas de Seguridad del Estado, en un número cercano al millar de efectivos, acudieron a nuestra Sede Nacional, el 28 del mes de noviembre del año 2017, para detener a los cuadros directivos de nuestro partido, por hechos que provocaron las mismas Fuerzas de Seguridad del Estado en la ciudad de Aconibe, impidiendo al partido hacer su mitin político, en clara violación de la ley electoral; al llegar ellos a la Comisaria Central de la Policía, más conocida por Guantánamo, vieron como horas después, llegaban  cerca de un centenar de militantes del partido, todos bien maltratados, con heridas de diferentes consideraciones, roturas de brazos, etc., a quienes posteriormente sometieron nuevamente a terribles sesiones de tortura inhumana.

A los cuadros directivos de C.I. cuyas detenciones se justificó por los incidentes de Aconibe, sin embargo en los interrogatorios que les hicieron, las preguntas iban entorno a un golpe de Estado, tenencias de armas, la insistencia por saber quiénes financian al partido C.I. por la gran campaña electoral que realizó en las pasadas elecciones legislativas y municipales, insultos al Líder Nacional de C.I. y un sin número de inverosimilitudes; cuando las víctimas no tenían ni la más remota idea del llamado golpe de Estado.

Sin embargo, han manchado nuestra imagen con publicidad nacional e internacional, han solicitado la disolución del partido, hemos pagado con creces dicha imputación por mediación de torturas viles y muertes, Santiago Ebee Ela y Juan Obama Edu, hay personas invalidas, como consecuencia de la persecución, acoso, intimidación y asedios, etc....., otros se encuentran con taquicardias permanentes, estres permanente, ansiedad, diabetes, tensión, pulmones infectados por los gases lacrimógenos que lanzaron durante más de 4 horas y en un espacio cerrado con denegación de asistencia sanitaria, etc....., siendo nosotros inocentes pero pagamos un precio altísimo, ¿cuánto más si hubiéramos tenido alguna relación con dicho plan de magnicidio? 

Todos los entendidos en la materia de derecho, saben que, un partido político como institución y persona jurídica no puede dar golpe de Estado, ni puede pelear, estas cosas las hacen las personas físicas que son diferentes a las personas jurídicas, por tanto, las personas jurídicas no deben pagar por los delitos que cometen las personas fisicas y viceversa, pero las leyes de Guinea Ecuatorial fueron concebidas por mala fe por el Ministerio del Interior y el PDGE rechazando las enmiendas de la oposición, para perjudicar a los partidos políticos de la oposición, pues, esa ley antidemocrática, debería ser aplicada esta vez contra los mismos que la idearon, y si es aplicada como tal, el partido gubernamental PDGE, debería ser disuelto automáticamente, y sería una crisis política sin precedentes, a ver si la justicia de Guinea Ecuatorial se atreve.

Pese a que los decretos de Amnistía Total y el del Indulto, ambos levantan la suspensión del partido C.I., sin embargo, no se ha hecho, a pesar de tener fuera a sus cargos electos dispuestos a ocupar sus escaños cuyo escrito se ha mandado al Gobierno, pero la suspensión del partido no ha sido levantada, por que, el partido gubernamental PDGE no lo ha autorizado, ya que no quiere que el partido C.I., principal partido político de la oposición, esté en el escenario político nacional. No obstante, quedamos en la expectativa de ver cómo la justicia de Guinea Ecuatorial actúa esta vez, si aplicará el principio de igualdad de todos ante la ley, C.I. institución y persona jurídica, PDGE institución y persona jurídica, ambas deberían tener el mismo trato ante la justicia.

No podemos olvidar aquí que, C.I. ha sido y es víctima de múltiples acusaciones infundadas por parte del Ministerio del Interior de este Gobierno, entre estas: la preparación del gremio de los taxistas para que cometan actos violentos, la tenencia de más de 100 escopetas de caza para desestabilizar el país, la campaña de vender que C.I. es un partido radical y violento, etc., sin embargo, ese mismo Ministerio del Interior y de la gobernación que dice dominar la situación política en el interior del país, responsable de todos los Delegados del Gobierno que impiden la participación política a los partidos políticos, tal es el caso de los incidentes de Aconibe, ya no tuvo tiempo ni interés para alertar sobre dicho magnicidio al Jefe de Estado. Pero sí, concentrando toda su preocupación para que C.I. no participe en la política nacional, permitiendo los asedios y asaltos a las sedes que este partido político ha sufrido en los últimos años, al margen del estado de derecho, en detrimento de la democracia y el respeto de los derechos humanos.