COMUNICADO INSTITUCIONAL DEL PARTIDO POLITICO CIUDADANOS POR LA INNOVACION DE GUINEA ECUATORIAL AL GOBIERNO DE LA NACION ANTE EL IMPEDIMIENTO DEL PARTIDO GUBERNAMENTAL (PDGE) A QUE LOS CARGOS ELECTOS DE C.I. TOMEN SUS ESCAÑOS TANTO EN EL PARLAMENTO COMO EN EL AYUNTAMIENTO DE MALABO.

Este partido político Ciudadanos por la Innovación de Guinea Ecuatorial (C.I.), mediante este Comunicado Institucional, expresa su total asombro, repulsa y a la vez, denuncia la actitud terriblemente dictatorial de impedir que los cargos electos de C.I. en la Cámara de Diputados y Ayuntamiento de Malabo, tomen sus escaños, según las últimas reuniones del PDGE. Sin importar lo que dice la legalidad.

Los cargos electos de C.I. no pudieron tomar sus escaños tanto en la Cámara Baja como en el Ayuntamientos de Malabo, debido a las detenciones políticas, torturas, y los encarcelamientos que fueron objetos, precedido de un juicio que careció de garantías, en el que el partido C.I. en su condición de persona jurídica (Articulo 11, L.F.), no fue imputado ni juzgado, pero sí, fue condenado antijurídica y anticonstitucionalmente a la disolución, por cuya vulneración del derecho fundamental recogido en el inciso (R ) del artículo 13 de la Ley Fundamental, el partido C.I. interpuso recurso de Amparo Constitucional ante el Tribunal Constitucional, que nunca resolvieron.

Sin embargo, mediante los decretos de Amnistía  Total número 108/2018,  de fecha 4 de julio y el de indulto, número 160/2018, de fecha 10 de octubre, los que anularon legalmente dicha sentencia, rehabilitando los derechos políticos a los condenados en las sentencias que quedaron anuladas, cuyos decretos siguen aún en vigor.

Desde dicho amparo legal,  el partido político C.I.,  ha mandado escritos desde la primatura del Gobierno, Ministerio de Justicia, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional y la Fiscalía General de la Republica, exigiendo su restauración, así como reconocer los derechos de participación política  tanto para el partido político C.I. como a sus cargos electos, permitiendo a estos últimos, ocupar sus correspondientes escaños y, la respuesta de todas esas correspondencias oficiales de este partido, fue el silencio, cuando la Presidencia de la República de Guinea Ecuatorial, a través de su  Decreto número 4/2019, de fecha 22 de enero, volvía acordar la apertura y clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Parlamento Nacional correspondiente a este año en curso y, lo hacen sin permitir que los cargos electos de C.I. tomen sus escaños.

Este comportamiento del Gobierno es particularmente grave al ignorar el derecho de participación política de este partido político C.I. como determina el artículo 9.1, de la Ley Fundamental, y los artículos 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, instrumentos del derecho internacional firmados y ratificados por nuestro país y que reconoce oficialmente la Ley Fundamental en su artículo 8.

Recordamos que, el mismo Presidente de la República de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ante la Asamblea General de la ONU en el mes de septiembre del año pasado, reconoció la existencia de 18 partidos políticos en Guinea Ecuatorial, entre estos C.I. y, ante la prensa española, aseguró que, cuando el diputado de C.I. esté en libertad, irá a firmar su acta de diputado y ocupar su escaño, de igual forma la concejal del Ayuntamiento de Malabo, pero nada de lo dicho se ha cumplido.

Hacer constar a la comunidad nacional e internacional que, la persecución política y criminal contra el partido político C.I. para aislarlo de la política o hacerlo desaparecer por completo en Guinea Ecuatorial no parte por los simples hechos de Aconibe urdidos en su integridad por el partido PDGE según las pruebas que obran tanto en la justicia como en nuestro poder, si bien, se han venido haciendo de manera sistemática y cronológicamente como sigue:

1.- En el último Congreso del PDGE en la ciudad de Bata, dicho partido político gubernamental, según él, dijo que había 17 partidos políticos que existen en el país para su congreso partidista; es decir, para el PDGE, en el momento de celebrar su congreso muy antes de las elecciones, C.I. ya no existía para él en este país, a pesar de ser un partido político legalizado.Hecho que el partido político gubernamental no luede negar, hay testimonios escritos por parte nuestra en los que exigíamos explicaciones.

2.- Al Convocar las pasadas elecciones legislativas y municipales que tendrían lugar para el día 12 de noviembre del año 2017; el Gobierno convocó la Comisión mixta Gobierno partidos políticos para acordar sobre la celebración de dichas elecciones y hacer una gira de sensibilización, y, según la Ley Electoral vigente, en dicha reunión y la posterior gira en todo el territorio nacional, tenían que estar presentes los 18 partido políticas legalizados, es decir C.I. incluido; el Ministerio del Interior solo convocó para tal reunión de la Comisión mixta a los 17 partidos  políticos y con ellos realizó la gira, y en dicha gira, ya iban vendiendo que C.I. ya no existe por tanto, no iba estar en las elecciones. Sin embargo, las reivindicaciones de C.I. para exigir su partipación en las elecciones o que el Gobierno nos explique por qué ya no existe C.I. en el país, hasta convocando para ello una manifestación. Ante esa vergüenza pública por parte del Gobierno, de practicar injusticia abierta y odio visceral a un partido político, simuló esconder la mano negra y asesina contra C.I., preguntando que quién ha dicho que C.I. no está en las elecciones. Por vergüenza publica, admitieron sin querer la participación de C.I. en dichas elecciones ¿es mentira lo que aquí decimos? Todas estas aberraciones las hacían el Ministerio del Interior y el partido PDGE al margen de las leyes, la justicia y la deontología política democrática.

3.- Al admitir a C.I. en dichas elecciones sin querer, inició el régimen otras acciones ilícitas y antidemocráticas a través de la Junta Electoral Nacional y a lo largo del territorio nacional, las cuales fueron:

a) En la presentación de expedientes y listas electorales en la (JEN), la Junta Electoral Nacional representado el 98% por el PDGE y sus afines, nos eliminó sin justificación alguna, los Ayuntamientos del Distrito Urbano Nº 1 de Malabo; el Ayuntamiento de Luba; el Ayuntamiento de Bata; el Ayuntamiento de Niefang; el Ayuntamiento de Micomiseng y el Ayuntamiento de Nsork. Ante ese hecho, el partido C.I. presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Bioko Norte, en tiempo y forma, sin embargo, la Audiencia dejo la situación en silencio administrativo hasta la fecha.

b) Como si fuera poco, el ministerio del interior entregó a C.I., una falsa cartografia para que los interventores de C.I. no puedan encontrar las mesas electorales que les fueron asignado para controlar las votaciones.

c) Tras el fraude electoral habido durante las elecciones, el partido político C.I. presentó un recurso de impugnación electoral ante la Junta Electoral Nacional, dicho Órgano Supremo Electoral, no resolvió el recurso, sin embargo, publicó los resultados a su antojo, asignando a C.I. un Diputado en la Cámara de Diputados y una Concejal en el Ayuntamiento de Malabo.

d) El PDGE tramó provocaciones y obstrucciones a la campaña electoral de C.I. y, particularmente los incidentes de Aconibe, ordenó un macro juicio político para disolver al partido C.I. al margen de toda legalidad.

e) El mismísimo partido Gubernamental (PDGE), el partido Estado, pese a que los instrumentos legales dictadas por el mismo Gobierno de la Nación (Decreto de Amnistía Total y el de Indulto), autorizan la restauración del partido y la recuperación de nuestros derechos políticos, pero fácticamente y en su reuniones internas del sábado y de hoy lunes, 29 de enero, PDGE reafirma que C.I. no puede asumir el escaño que dicen que le otorgó el pueblo. Dice PDGE que un Diputado de C.I., equivale a 80 Diputados del PDGE, por eso, no lo aceptan. No importa lo que les diga la comunidad internacional o sea la nueva Venezuela de África Central.

Ante este hecho, C.I. apela a la responsabilidad política tanto al Gobierno de la Nación que al PDGE, en su clara violación del estado de derecho, el pisoteo de los artículos 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmados y ratifica por Guinea Ecuatorial.

Artículo 21, Declaración Universal de Derechos Humanos:

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Artículo 25, Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos:

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

C.I. Partido Político fundado conforme determina el artículo 9.1 de la Ley Fundamental, tiene derecho como PDGE, de hacer política en el país y asumir las funciones públicas en las instituciones del Estado de manera democrática, por cuya razón legal y democrática, acudimos en las pasadas elecciones del 12 de noviembre del año 2017, en las que la Junta Electoral Nacional (JEN) solo nos reconoció un Diputado y una Concejal, cargos electos que ratificó el Tribunal Constitucional de este país. Dichos cargos electos, tienen el derecho de representar  a los más de 17.000 ciudadanos que les votaron aunque el Partido político C.I. cuadriplicó dicho número.

Sin embargo, Dicho partido político PDGE, fue acusado formalmente ante la Fiscalía General de la Republica, por su reconocimiento público mediante una resolución de dicho partido de ser una partido que quiso derrocar al Jefe de Estado, por tal hecho y según la ley de partidos políticos, articulo 24 inciso (I), PDGE ya debería de ser disuelto legalmente. Y como actúa por encima de la Ley, por eso, la Fiscalía General de la Republica no puede perseguirle y disolverlo legalmente.   

Ante esta situación, que atenta contra la paz nacional, la paz que tanto pregonan hecho provocado por el partido gubernamental PDGE y su Gobierno de su total abuso de poder y de su impunidad, que practican, escudándose en las armas del Estado. Por tanto, C.I. exige al Gobierno de la Nación que le restituya los cargos electos que le tiene secuestrado anti jurídicamente y antidemocráticamente, así como el derecho del partido C.I. de hacer política en Guinea Ecuatorial, situación igual no se ha registrado en ninguna parte de África Central en particular y en África en general.

C.I. denuncia y hace saber el Consejo de Seguridad de la ONU, UE, UA, CPLP, Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra Suiza, UNOCA, la Comisión de la Unión África, la Comisión de la CEMAC, los gobiernos de EE.UU., España, Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Italia, Portugal, Sudáfrica, Nigeria, etc., esta violación del estado de derecho, los derechos civiles y políticos así como su derecho de hacer política en Guinea Ecuatorial, esta dispuesto a convocar una manifestación a nivel nacional para que todos los que le votaron en las pasadas elecciones legislativas y municipales, salgan a las calles del país para exigir sus derechos políticos, reconocimiento y respeto de sus votos.

Sabemos que al decir esto, el Gobierno de la Nación y el PDGE, dirán que C.I. está tramando ya un golpe de Estado, como están acostumbrados imputarnos, que C.I. quiere violar la paz reinante en el país, cuando los violadores de esta paz son ellos: el mismo PDGE y su Gobierno, por practicar dictadura e injusticia en la nación. C.I. con sus militantes y simpatizantes, al ser guineo ecuatorianos tenemos la obligación de exigir nuestros derechos en nuestra nación.

La ley de partidos políticos y la constitución del país (Ley Fundamental), no reconocen la superiores entre los partidos políticos, no otorgan a ningún partido político ser impune ante las leyes y la justicia, sino, reconocen la igualdad de todos los partidos políticos ante la ley, como personas jurídicas que son.  

Con este comportamiento antidemocrático y de tiranía soez, ya no nos extraña del porqué el PDGE a través de un comunicado, apoyó públicamente al régimen tiránico de Nicolás Maduro de Venezuela que está impidiendo la democracia en su nación y acribillando a su pueblo con las armas, de no practicar esas mismísimas cosas y conducta aquí en Guinea Ecuatorial, no lo hubiera apoyado.    

Este Comunicado lo hacemos extensivo al cuerpo Diplomático acreditado en Guinea Ecuatorial para que lo hagan extensivo así mismo a sus respectivos gobiernos sobre la tensión política a punto de estallarse en Guinea Ecuatorial, ya que, estamos en derecho a convocar una manifestación nacional si el gobierno nos sigue tratando desde la más absoluta injusticia y abuso de poder, sin querer reconocer nuestros cargos electos por el pueblo para que ocupen sus escaños.

Malabo, 29 de enero de 2019.

EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL PARTIDO POLITICO C.I.