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COMUNICADO INSTITUCIONAL DE DENUNCIA DE CIUDADANOS POR LA INNOVACION DE GUINEA ECUATORIAL (C.I.), POR LA PERMANENCIA EN PRISION DE LOS PRESOS POLITICOS DE ESTE PATIDO, TRAS EL SEGUNDO DECRETO DICTADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PARA SU PUESTA EN LIBERTAD, LA NEGATIVA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE LA  EXISTENCIA DE PRESOS POLITICOS Y LA PRACTICA DE TORTURAS EN EL PAIS.


Este partido político Ciudadanos por la Innovación de Guinea Ecuatorial (C.I.), mediante el presente comunicado institucional, sale al paso para denunciar al Gobierno de este país, que dirige Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ante la comunidad internacional: ONU, UE, UA, CPLP, Santa Sede, los Gobiernos democráticos de EE.UU., España, Francia, Portugal, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Italia, Holanda, Brasil, Suiza, etc., a las organizaciones defensoras de derechos humanos, Amnistía  Internacional, HRW, EG-Justice……, por el trato inhumano que está dispensando a todo aquel que es miembro de este partido político C.I., a los que ha declarado de manera especial y publica, enemigos de la patria y esclavos políticos dentro de su nación, por haberse opuesto sin ambages a su régimen opresor.


El Gobierno de la Republica de Guinea Ecuatorial, mediante el decreto número 102/2017,…….convocó elecciones a la Cámara de Diputados, Senado y Municipales, para el 12 de noviembre del año 2017, en las cuales, participaron todos los partidos políticos del espectro político nacional, es decir, los 18 partidos políticos, incluido Ciudadanos por la Innovación (C.I.), que fue incluido a última hora gracias a la intervención de la comunidad internacional, tras haber sido excluido por el Ministerio del Interior, de la comisión mixta  Gobierno partidos políticos, en la gira de sensibilización y organización de las elecciones, por todo el ámbito nacional; los cuales, formaron tres grupos electorales que estaban compuestos como sigue:  Coalición Electoral PDGE, con 15 partidos políticos; Coalición Electoral Juntos Podemos, integrado por los partidos políticos  CPDS y UCD, y el partido C.I. que concurrió en solitario. 


Informar al mundo que, durante dicha campaña electoral, el partido C.I., fue víctima de múltiples maltratos que le impedían desarrollar libremente su campaña electoral en todo el país, acciones de sabotaje que fueron llevados a cabo por Delegados de Gobierno y los miembros uniformados de las Fuerzas de Seguridad del Estado, para facilitar la victoria al partido gubernamental PDGE, impulsor de dichos sabotajes electorales que consistieron en que, el partido gubernamental PDGE iba ocupando ilícitamente los espacios públicos reservados para el partido C.I.; las mismas Fuerzas de Seguridad del Estado, en su abuso de poder, utilizaban vehículos con altavoces, música y afiches del PDGE, para entorpecer los mítines políticos de C.I., o instruían a los habitantes de los pueblos de la periferia, montar barreras en las entradas que permiten el acceso a los pueblos, custodiadas por los militantes del PDGE, armados con machetes y palos, para impedir a la comitiva de la campaña electoral de C.I., hasta el extremo de maltratar a los miembros directivos de C.I causándoles heridas graves, contusiones y demás daños físicos,  así como amenazas de muerte, tales hechos vandálicos tuvieron lugar, en los poblados de Ayene concentrado, Cucumankok, Bisobinam Concentrado, etc., (distrito de Aconibe). En ese mismo distrito, el entonces Delegado del Gobierno Ramón Fernando Ngui Monsui y el Comisario de Policía, Conrado Jesús Obiang Meyé, cumpliendo las instrucciones del Gobierno (Ministerio del Interior), impidieron al partido C.I. hacer su campaña electoral en dicho distrito el día 5 de noviembre, tal situación provocó que los ciudadanos, militantes del partido, simpatizantes y los no pertenecientes al partido C.I., pero deseosos de escuchar su oferta electoral, exigieran a dichas autoridades, sus derechos políticos de hacer campaña electoral, con la consecuente pelea tumultuaria, cuál era, el deseo del Gobierno y su partido PDGE para acusar al partido C.I. de violento, detener, torturar con resultados de muerte, a sus militantes sin mandamiento judicial, y organizar un macro juicio político sin garantía, para condenarles injustamente a penas de más de 42 años, tras haberles pedido pena de muerte, así como disolver el partido C.I., siendo el partido político persona jurídica que no pudo pelear, ni mucho menos fue denunciado ni enjuiciado, pero si condenado. Todo ello, para dar forma jurídica al mandato expreso del Presidente de la Republica a los jueces, magistrados y fiscales a terminar con el partido político C.I. lo más pronto posible, ya que, C.I. se había presentado como clara alternancia para ganar dichas elecciones y así se demostró en las urnas; y no por la supuesta pelea que tuvo lugar en Aconibe provocada por las mismas Fuerzas de Seguridad del Estado, como ya dicho. 


Sin embargo, las actuaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado en dicho 5 de noviembre que provocaron la pelea tumultuaria, violaron los artículos  142. 5; 143 incisos “a” y “f”; y el artículo 147.2, ambos de la Ley número 8/2015, de fecha 28 de mayo, Reguladora de las Elecciones de la Cámara de Diputados, el Senado, Municipales y Referéndum, que dicen textualmente:


Artículo 142.5: Serán castigados con la pena de arresto mayor y multa de cien mil a un millón de Francos Cefas, los funcionarios públicos que dolosamente: “Suspendan, sin causa justificada, cualquier acto electoral”


Artículo 143: Serán castigados con las penas de prisión mayor y multas de quinientos mil a dos millones de Francos Cefas, los funcionarios que, abusando de su oficio o cargo, dolosamente realicen alguna de las siguientes falsedades: “Alterar sin autorización las fechas, horas o lugar que debe celebrarse cualquier acto electoral incluido de carácter preparatorio, o anunciar su celebración de forma que pueda inducir a error a los electores”. “Faltar a la verdad en manifestaciones verbales que hayan de realizarse en algún acto electoral, por mandado de esta ley.


Artículo 147.2: Serán castigados con la pena de prisión menor en grado mínimo y multa de cien mil a un millón de Francos Cefas, los miembros activos de las Fuerzas Armadas y Seguridad del Estado o los jueces, Magistrados y Fiscales, los Ministros de Culto y los miembros de la Junta Electoral que difundan propaganda electoral o lleven a cabo otras actividades de campaña electoral. Fin de cita.


Como el plan de cometer tales ilicitudes era político, por eso, el Gobierno y su partido PDGE, ordenaron manipular la justicia para que no juzgue los hechos conforme a la ley electoral, fabricando rocambolescamente los delitos de sedición, desorden público y todo lo que se les ocurrió decir, para justificar el juicio y condenar a los miembros del partido político Ciudadanos por la Innovación, entre ellos, el único diputado de la oposición electo, sin importar la inmunidad parlamentaria de la que goza.  De haber sido una justicia imparcial, hubieran juzgado tales hechos, conforme a la ley electoral en vigor, por tanto, los funcionarios implicados deberían estar en prisión y pagar las multas, sin embargo, no solo no fueron condenados, sino, lo más grave, fueron ascendidos a grades cargos por compensarles el buen servicio que hicieron en Aconibe y en Malabo, que fue impedir a mano armada la campaña electoral a un partido político, torturar cruelmente a los militantes del partido C.I. con resultado de muertes, como son los casos de Santiago Ebee Ela y Juan Obama Edu. Recordar aquí que, los hay militantes de C.I. que llevas balas enclaustradas en sus cuerpos desde el 28 de diciembre, hechos realizados impunemente por la Fuerzas de Seguridad del Estado.   


Las opiniones públicas nacional e internacional,  tras esas explicaciones, pueden juzgar si los miembros de C.I. condenados por el régimen en poder, incluidos el diputado electo, Jesús Mitogo Oyono Andeme, son presos políticos o son presos comunes, para mantener la afirmación del Presidente de la Republica a la TVE que no hay presos políticos en Guinea Ecuatorial, y que no se tortura “prácticamente” o simplemente refutarla, cuando el mismo Presidente de la Republica de este país, reconociendo que existen presos políticos y problemas políticos en la nación, firmó el Decreto de Amnistía General o total, el pasado 4 de julio del presente año. Por tanto, decir que no hay presos políticos en Guinea Ecuatorial, es insultar públicamente a la población, que quiere ver a sus seres queridos en libertad, los que están sufriendo una cárcel injusta solo por su pertenencia a un partido político. De hecho, ante la prensa francesa, dijo que la oposición C.I. exageraba en la cifra de los detenidos, que solo había una veintena de personas detenidas, pero en el juicio de Mongomo, se juzgó a 140 personas. Que no se tortura, las fotografías que disponemos y recorren el mundo, así como los testimonios aterradores de las mismas víctimas de tortura que están aún en vida, lo dicen todo. 


En esta misma línea, el Gobierno y poder Judicial,  deben justificar a la opinion pública nacional e internacional, los motivos por los que  se ilegalizó al partido político Ciudadanos por la Innovación de Guinea Ecuatorial,  por unos supuestos  cometidos por personas físicas, cuando el partido político C.I. como persona jurídica, no pudo pelear, y no fue  imputado, ni juzgado, pero sí, condenado a la disolución, única forma de eliminar la alternancia al partido gubernamental PDGE.; mientras el Auto de Procesamiento de dicho macro juicio o juicio político, número 001/2017, promovido por el Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción de Aconibe, el Sr. Rubén Fernando Mba Obama Mangue, determina en el CONSIDERANDO TERCERO DE LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS que: “De conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley número 4/2015, de fecha 28 de mayo, sobre partidos políticos de Guinea Ecuatorial, precede así mismo, y con carácter subsidiario que los dirigentes del partido político Ciudadanos por la Innovación de Guinea Ecuatorial, también aporte fianza suficiente en los mismos términos”, fin de cita. Con esa conclusión del Magistrado Juez, determinaba que el partido C.I., no tenía que ser enjuiciado ni mucho menos, condenado a la disolución, ¿Dónde apareció su ilegalización? Es otra cuestión que deben investigar los gobiernos y las organizaciones de la comunidad internacional, para así, comprobar el nivel de ausencia de justicia, estado de derecho y democracia en Guinea Ecuatorial.


Para aclarar a la opinión pública lo que dice dicho artículo 17, de la Ley número 4/2015, de partidos políticos de Guinea Ecuatorial, lo transcribimos aquí textualmente: 


“Si como consecuencia de las actividades políticas de un partido político, en uso del ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley y en el ordenamiento jurídico general, se causaran pérdidas de vidas humanas, lesiones a las personas o daños materiales en los bienes muebles e inmuebles de cualquier clase, las responsabilidades tanto penal como civil de los hechos, se imputarán en primer término a los responsables directos y, subsidiariamente, a los directivos del partido.” 


Así es como lo vio el Magistrado juez de Aconibe, y levantó el auto de procesamiento sin pedir la disolución del partido C.I., pero desde el PDGE impusieron al tribunal disolver como sea al partido C.I. y meter a la cárcel a su diputado. ¿Puede seguir afirmando el Gobierno ante esas obscenas actuaciones jurídicas políticas que no existe conflicto político en el país? En un estado democrático de derecho dichas sentencias y juzgadores, deberían ser reprobados. Lo que es más, el recurso de amparo constitucional  reconocido por la Ley de partidos políticos, en su artículo 25, interpuesto por el partido C.I. ante el Tribunal Constitucional sigue hasta la fecha en silencio administrativo y político sin ser resuelto, aunque el Decreto de Amnistía General en vigor, lo deja sin efecto. 


Al dar bálsamo a la nefasta situación política del país, esto nos ha obligado recordar al régimen del PDGE en el poder,  sobre el monumental fraude electoral que su maquinaria partidista cometió en las pasadas elecciones legislativas y municipales del 12 de noviembre del año 2017, en las que con todo descaro, obligaron a mano armada el voto público generalizado, urnas pre votadas a las 5 de la madrugada, cuando la ley electoral establece que las votaciones deben iniciar a las 8 de la mañana; listas únicas en los cuarteles militares y centros docentes; eliminación de las papeletas de la oposición en múltiples mesas electorales; expulsión a mano armada de los interventores de (C.I.), la falsificación de la cartografía electoral; la falsificación de las actas electorales en las juntas electorales distritales por los miembros del PDGE, decidiendo sobre el escrutinio unilateralmente sin contar con la oposición, adjudicándonos un Diputado y una Concejal,  etc., por eso, C.I. presentó un recurso de impugnación contra el escrutinio electoral, el cual, no se resolvió, pero sí, se montó el parlamento monocolor eliminando mediante cárcel al único diputado electo de la oposición. Y a día de hoy, el parlamento de Guinea Ecuatorial es monocolor, porque solo cuenta con la coalición electoral PDGE, compuesta por 15 partidos que actúan como un solo partido político, aparentado un falso pluralismo político en el parlamento y ante la comunidad internacional.                      


Al decir el Gobierno de Guinea Ecuatorial que no hay presos políticos, ni se tortura “prácticamente”, no por ello puede hacer olvidar a la opinión pública nacional la realidad vivida en este país, y de manera especial, en el mes de diciembre del año pasado, en el que no solo detuvo a los militantes del partido C.I. en el distrito de Aconibe, el 27 del mismo mes de diciembre, sino que, dicho Gobierno imputó al Líder Nacional de C.I. y al partido un golpe de Estado, que se hizo público a través del Periódico la Vanguardia y la Cadena de Televisión África Media,  cuya acusación sostuvo su actual embajador en Francia, motivo del asalto a la Sede Regional del partido en la región Continental, tiroteando a los ciudadanos militantes; tiroteo a los ciudadanos militantes en Malabo, la detención de cerca de un centenar de ellos, torturándoles cruelmente, de ahí, el fallecimiento de Santiago Ebee Ela; hecho que concluyó con el segundo asedio a la Sede Nacional del partido en Pérez, en Malabo, con un contingente militar armado hasta los dientes, durante 11 días, sin agua ni comida,  amenazando de muerte al Líder Nacional del partido, D. Gabriel Nsé Obiang Obono,  quien estaba dentro de la misma, con más de 50 personas, entre estas, menores de edad de entre 10 y 13 años, una mujer enferma y sin medicamentos, tenemos pruebas irrefutables de todo lo que aquí decimos, que incluyen fotografías inéditas de esas torturas inhumanas que realizaron con ensañamiento. 


Negar que se practica tortura en este país, que no existen presos políticos de C.I. y de otras personas que no son de C.I., y que no hay conflicto político, eso es insultar mentirosos a la opinión pública nacional que lo vivió y lo vive a diario y a la comunidad internacional. 


C.I. presenta su queja formal a la Televisión española internacional, por su actuación parcial en Guinea Ecuatorial, que consistió en llevar los testimonios unilaterales de los que cometieron abuso de poder, violación de derechos humanos (torturas crueles con resultados de muertes), etc., sin escuchar la contra parte víctima de estos hechos, que es Ciudadanos por la Innovación de Guinea Ecuatorial. C.I., que estaba dispuesto a entregar las pruebas que hubieran dejado en evidencia las declaraciones del que respeta y protege los derechos humanos y la democracia, al no hacerlo, esto ha creado confusión a la comunidad internacional. 


El régimen imperante en Guinea Ecuatorial, ha prometido no respetar ninguna legalidad, tanto nacional como internacional, el ordenamiento jurídico nacional que empieza desde la misma Ley Fundamental (constitución), está supeditado a los dictámenes políticos del partido gubernamental (PDGE), no hay ley nacional ni tratado internacional que contradiga las aspiraciones políticas del PDGE para continuar en el poder, por eso, el Decreto Presidencial número 108/2017, de fecha 4 de julio, sobre Amnistía General o total, quedó sin efecto, y, según nos han informado nuevamente, los del núcleo duro del PDGE,  que cuestionan ya las decisiones de su Presidente Fundador, están planeando hacer lo mismo con el Decreto de Indulto del pasado día 10 del presente mes de octubre, igual táctica que  hicieron con el Decreto de Amnistía General del pasado 4 de julio, es decir, dejarlo en papel mojado, agua de borrajas, y reír a la cara a la comunidad internacional que para el PDGE y su gobierno, no existe.                


Para que no haya más dudas y que todo quede claro, Ciudadanos por la Innovación de Guinea Ecuatorial, exigimos una investigación internacional in situ en el país de estos hechos de violaciones de derechos humanos, el fraude electoral llevado a cabo en las pasadas elecciones, investigación del macro juicio político que condenó injustamente a los miembros directivos, militantes y al Diputado, Jesús Mitogo Oyono Andeme,  y que impuso al margen de la ley y el estado de derecho, la ilegalización del partido C.I.; cuyas comisiones de verificación deben estar compuestas por la ONU, UE, CPLP, UA y las organizaciones defensoras de derechos humanos, Amnistía Internacional, HRW, EG-Justice, Serpa, Tranparency Françe, etc., la prensa internacional neutral (TVE, France Inter, CNN, BBC, Euronews, Africa 24, Tele Sur,) y no África Media, así conocerán la verdadera realidad sociopolítica de Guinea Ecuatorial.


Malabo, 18 de octubre de 2018,


CIUDADANOS POR LA INNOVACION DE


GUINEA ECUATORIAL. 


  


   




por abamodjo, Jueves, 18 Octubre 2018 19:47, Comentarios(0)
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